El vicepresidente Alejandro Nolasco ha anunciado la reforma de la Ley que regula la PACIMV para «no destinar pagas a la inmigración ilegal que detraen dinero a residencias de ancianos o a ayudas a la dependencia». Ha informado que se va a «endurecer el acceso a la prestación aragonesa atendiendo a la prioridad nacional»
El Gobierno de Aragón reformará la Ley 3/2021, de 20 de mayo, por la que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social para impedir que los inmigrantes en situación ilegal cobren la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV). Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, detallando que se aprobará un Proyecto de Ley en Consejo de Gobierno que posteriormente será elevado a las Cortes de Aragón.
El vicepresidente ha contextualizado que con la Ley actual, aprobada en 2021 por el entonces cuatripartito del Gobierno de Aragón, «un inmigrante ilegal que alegue vulnerabilidad económica, con llevar un año empadronado en Aragón tiene derecho a un sueldo público que roza los 1.000 euros al mes». Ha precisado que esta media es de 924 € mensuales, lo cual «es 220€ más que la pensión mínima de viudedad que cobra una española que haya tenido la desgracia de perder a su marido y que tenga menos de 60 años». «Y casi 100 € más de lo que cobran decenas de miles de viudas españolas que tienen más de 60 años y perciben la pensión mínima de viudedad», ha comparado.
Nolasco ha incidido en que el ejecutivo autonómico no va a conceder «ni una paguita pública para la inmigración ilegal y desordenada que se ha convertido en un problema de primerísimo orden para España«. Ha expuesto que «la inmigración ilegal amenaza el sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar, pone en riesgo nuestro marco de convivencia y se ha convertido en una de las primerísimas preocupaciones de los españoles».
Del mismo modo, Nolasco ha anunciado que se va a «endurecer» el acceso a la prestación aragonesa «atendiendo a la prioridad nacional y exigiendo que quien la solicite tenga que acreditar un arraigo real, duradero y verificable, vinculado a un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y a la trayectoria de cotización a la Seguridad Social, con una permanencia acreditada y que haya contribuido al sistema».
La prestación aragonesa se subdivide en dos prestaciones diferenciadas e incompatibles:
-Prestación aragonesa (PACIMV): Se trata de una prestación de carácter económico para unidades de convivencia que no cumplen los requisitos para el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV).
-Complemento económico para los titulares del IMV (ICSS).
Nolasco ha informado que entre la PACIMV y el ICSS, «el Gobierno de Aragón gasta cada año 4,5 millones de euros«. «Y el 25% de ese dinero lo cobran inmigrantes, pese a que la población inmigrante representa en torno al 15% de la población total de Aragón», ha añadido.
Ha precisado que «actualmente hay más de 1.100 inmigrantes que cobran cada mes una media de casi 1.000 euros al mes de dinero público sólo como renta social básica». «Eso sin contar otras ayudas extra que puedan recibir muchos de ellos tanto a través de administraciones públicas como de entidades subvencionadas con fondos públicos», ha expresado. Al mismo tiempo, ha informado que «de los más de 1.100 inmigrantes que actualmente se benefician en Aragón de este salarios públicos, más de la mitad lo llevan cobrando desde hace 4 años o más«, de modo que «se favorece agarrarse a la subsidiación de la inmigración de forma prolongada e incluso indefinida».
En consecuencia, ha apelado a «cerrar la puerta a todo aquel que no contribuya al sistema ni a nuestro Estado del Bienestar«. «El inmigrante que no pueda ganarse la vida en España, no puede estar en España a base de pagas que salen del bolsillo de los españoles y que detraen dinero a residencias de ancianos o a ayudas a la dependencia», ha reafirmado.
El vicepresidente ha recalcado que «vamos a poner orden, sentido común, legalidad y prioridad nacional», puesto que «Aragón no puede ser el gran chollo mundial de quienes acuden a sabiendas de que, trabajen o no, van a tener una renta básica pagada con dinero público». «Estamos a favor de ayudar a quien lo necesita, pero tiene que hacerse a través de prestaciones muy bien controladas, que atiendan la prioridad nacional y que no favorezcan la inmigración ilegal ni la desordenada que compromete a nuestro Estado del Bienestar y a nuestro marco social de convivencia», ha sintetizado.
