Verónica Villagrasa, portavoz y secretaria general de CHA, reclama al Gobierno de Aragón que acuda al Consejo de Política Fiscal y Financiera con una posición firme basada en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía para defender una financiación adaptada a la realidad aragonesa
CHA considera que el aplazamiento de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al próximo mes de septiembre debería servir para que el Gobierno de Azcón prepare una posición sólida, unitaria y ambiciosa en defensa de los intereses de Aragón.
La portavoz y secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa, señala que «Aragón no puede acudir a esa reunión limitándose a rechazar propuestas ajenas. Debe hacerlo con una propuesta propia, apoyada en nuestro Estatuto de Autonomía y orientada a conseguir un sistema de financiación que responda a las necesidades reales de nuestro territorio».
Villagrasa recuerda, por ejemplo, que el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón donde se establece que la Administración General del Estado y Aragón suscribirán un acuerdo bilateral que deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y que atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial.
«Nuestro problema no es solo cuánto dinero recibe Aragón, sino que el modelo reconozca el sobrecoste que supone prestar servicios públicos de calidad en un territorio extenso, despoblado y con una población muy dispersa. Ese principio ya está recogido en el Estatuto y debe convertirse en la base de cualquier negociación», afirma.
CHA recuerda que llevan años reclamando al Ejecutivo de Azcón que haga valer todas las herramientas que ofrece el Estatuto de Autonomía y abandone una estrategia basada únicamente en la confrontación política. «El tiempo adicional hasta septiembre debe aprovecharse para construir una posición aragonesa seria, solvente y respaldada por nuestro marco estatutario», añade Villagrasa.
«El Estatuto de Autonomía no puede quedarse en una declaración de principios. Es una herramienta política y jurídica para defender Aragón, y el Gobierno de Azcón debe utilizarla con determinación en la reunión de septiembre», concluye Verónica Villagrasa.
