TERUEL / MADRID / BRUSELAS – 5 de marzo de 2026
El escándalo de corrupción ambiental destapado por la ‘Operación Perserte’ ha desatado una tormenta perfecta en torno al macroproyecto eólico del Clúster Maestrazgo. Tras las detenciones del propietario de Forestalia, Fernando Samper, y del exsubdirector de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, la onda expansiva ha provocado una ofensiva a tres bandas: la Guardia Civil exige paralizar las obras, la oposición eleva el caso a la Comisión Europea y los municipios afectados se dividen entre el alivio y el pánico económico.
La vía judicial: Petición de paralización y cerco al Ministerio
La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) ha movido ficha y ha solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel la paralización cautelar del proyecto. Las investigaciones apuntan a una red criminal que habría amañado las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) a cambio de sobornos, enfrentándose a cargos por cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación.
A esta presión judicial se suma un complejo laberinto legal que mantiene el clúster en el alambre: existen ya cinco recursos contencioso-administrativos admitidos a trámite por el Tribunal Supremo y el TSJ de Madrid, además de otras denuncias en juzgados locales.
La política salta a Bruselas y acorrala a Ribera
El conflicto ha traspasado las fronteras nacionales. Mientras a nivel nacional agrupaciones como Chunta Aragonesista (CHA) y la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel exigen a la nueva ministra, Sara Aagesen, una moratoria total para los proyectos de Forestalia tramitados por Domínguez, el Partido Popular ha trasladado la batalla al corazón de Europa.
La delegación del PPE en Bruselas ha exigido a la Comisión Europea que investigue el mandato de la exministra y actual comisaria, Teresa Ribera. El PP sospecha que bajo su gestión se pudieron conceder permisos contrarios a la normativa comunitaria para favorecer a empresas concretas, e insta a investigar si se utilizaron fondos europeos (FEDER) de forma irregular en proyectos vinculados a esta trama.
Un territorio fracturado: ¿desarrollo o especulación?
Sobre el terreno, la ‘Operación Perserte’ ha dinamitado la convivencia institucional. El territorio se encuentra profundamente dividido en dos bloques con visiones opuestas sobre el impacto del macroproyecto:
- Los detractores: Impulsores de las denuncias, como Teruel Existe, la plataforma No a la MAT y Paisajes de Teruel, celebran la intervención judicial. Advierten de daños irreversibles en zonas Red Natura 2000 y desmontan el argumento de que estos proyectos fijen población, asegurando que en algunas zonas incluso aceleran el éxodo rural. Además, alertan de posibles responsabilidades patrimoniales para la administración si no se frena ya la construcción.
- Los defensores: Agrupados en la asociación Viento Alto, alcaldes de los municipios donde se instalarán los parques (como La Iglesuela del Cid) piden prudencia y denuncian un alarmismo injustificado. Defienden que la tramitación, en la que llevan trabajando ocho años, ha sido legal y advierten del «daño económico irreparable» que supondría tumbar el proyecto. En otras localidades, como Portell o Cinctorres, los ediles abogan por separar la investigación de posibles corruptelas del desarrollo industrial de la zona, pidiendo respeto a los procesos judiciales.
El futuro del Clúster Maestrazgo pende ahora de un hilo, a la espera de que los tribunales decidan si apagan definitivamente los aerogeneradores antes incluso de que comiencen a girar.
