Con los precios de la vivienda usada batiendo récords en provincias como Teruel y Huesca, miles de inquilinos aragoneses se quedan sin el escudo social prometido por el Gobierno. El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes, 2 de octubre de 2026, los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La normativa ha decaído tras un tenso recuento por llamamiento que se ha saldado con 178 votos en contra (emitidos por PP, Vox, UPN y Junts) frente a 172 a favor.
La negativa de la formación independentista catalana, decidida a última hora del jueves, ha sido clave para tumbar un paquete legal que pretendía intervenir el mercado inmobiliario tras las recientes protestas sociales en Madrid.
El fantasma de las elecciones anticipadas
Más allá del impacto en el sector inmobiliario, la derrota de este viernes agrava la enorme debilidad legislativa del Gobierno de coalición. El voto conjunto de Junts con el PP, Vox y UPN para tumbar una medida estrella del Ejecutivo abre de par en par la puerta a un escenario de parálisis institucional.
En los pasillos del Congreso, este duro revés a Pedro Sánchez ya ha disparado las especulaciones sobre la viabilidad de la legislatura y un posible adelanto electoral. La imposibilidad de sacar adelante decretos clave evidencia la dificultad extrema del Ejecutivo para gobernar sin el apoyo garantizado de sus socios de investidura.
Reproches cruzados y posturas inamovibles
Antes de la votación, Sánchez pidió a los diputados olvidar «el argumentario político» y pensar en las familias. «Su futuro depende hoy de lo que ustedes voten aquí», advirtió. En la misma línea, la ministra Isabel Rodríguez alertó de que en esta votación no habría «victoria de ningún partido».
Sin embargo, los bloques de oposición mantuvieron su «no» rotundo con argumentos muy dispares:
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Partido Popular: El vicesecretario Juan Bravo acusó al Gobierno de ser «el problema» tras ocho años de políticas que han disparado los precios. El PP defendió construir más vivienda frente al «intervencionismo» estatal.
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Vox: Carlos Hernández Quero argumentó que prohibir desahucios genera «inseguridad jurídica» y hunde la oferta. «Si prohíbes desahuciar a vulnerables, nadie va a alquilar a vulnerables», sentenció.
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Junts: La portavoz Míriam Nogueras asestó el golpe definitivo al Gobierno argumentando que el decreto seguía permitiendo la especulación de los fondos buitre y exigiendo un texto completamente nuevo.
Noticia elaborada con la colaboración de la IA de Google (Gemini )
