El consejo ha autorizado también a los Servicios Jurídicos del Ejecutivo a interponer un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto de ayudas directas por la sequía.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley de Apoyo Fiscal a la Empresa Familiar. Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, que ha recalcado que con el proyecto de ley “queremos dar seguridad jurídica a las empresas familiares que son el 87% del total del tejido empresarial aragonés”. La comparecencia pública ha contado también con la presencia de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón.
Durante su intervención ante los medios de comunicación, Bermúdez de Castro ha incidido en que este Proyecto de Ley «tiene el objetivo de proporcionar seguridad jurídica a los transmitentes y adquirientes de empresas familiares. Puede afectar en Aragón a más de 28.000 sociedades que son responsables a su vez de 165.000 puestos de trabajo, el 70% del empleo privado en nuestra comunidad». El consejero ha resaltado que «en el texto refundido que teníamos, había bastante inseguridad jurídica. Con esta normativa aportamos seguridad jurídica tanto en sucesiones como en donaciones».
Bermúdez de Castro ha explicado que el objetivo de la ley «es eliminar incertidumbres y proporcionar un marco estable para la toma de decisiones de los propietarios de estas empresas». Además, el consejero ha destacado que con el proyecto de ley “configuramos los beneficios como normativa aragonesa propia, lo que nos permite no depender de la interpretación del Estado, que puede no entender la idiosincrasia propia de nuestra comunidad».
Recurso contra el Real Decreto por la sequía
Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 347/2025, de 22 de abril, por el que se aprueba una ayuda de concesión directa para compensar los efectos de la sequía sobre la producción agraria en determinadas provincias del arco mediterráneo español. Una decisión adoptada tras la negativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a tener en cuenta las alegaciones presentadas a ese texto.
Ha recordado que mientras en el Real Decreto se hablaba de un descenso del 30% en 2024 en la producción del cultivo del almendro en las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona, en la provincia de Teruel se ha registrado en el mismo año una rebaja del 33% con relación a la producción media del período 2018-2023. También se aludió en las alegaciones a que la zonificación debería realizarse por comarcas agrarias en lugar de provincias para evitar distorsiones en los datos finales y a la necesidad de incluir otros cultivos leñosos como el olivar y el viñedo.
Para Javier Rincón “es injusto y discriminatorio que el real decreto deje fuera a Teruel cuando los datos con los que cuenta el Gobierno de Aragón y que se envían de manera anual al ministerio señalan que estamos por encima del 30% que alegan el resto de provincias que sí están dentro del real decreto cuenten con estas ayudas. Estamos sorprendidos y decepcionados con la decisión”.
Declaración de Interés Autonómico
La vicepresidenta del Gobierno autonómico ha detallado la Declaración de Inversión de Interés Autonómico de la empresa Vulcer, en Grañén. Alude en ella a su planta de fertilizantes líquidos y polisfostato arónico, en donde pretenden invertir 6,1 millones de euros en una instalación que producirá 60.000 toneladas anuales de ambos productos a través de fuentes de energía renovables y empleando amoníaco procedente de la producción de hidrógeno verde.
La construcción de la planta se iniciará a finales de 2025 para comenzar a trabajar en el primer cuatrimestre de 2026. La compañía explica también en la memoria presentada que la fase de operaciones de forma regular se producirá antes de verano de 2026. Y supondrá la creación de 10 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos.
Mar Vaquero ha subrayado que este proyecto permite que una empresa ya asentada en el territorio “dinamice su actividad y evolucione a partir de los recursos endógenos que tiene la provincia”. “Supone un nuevo ejemplo de la etapa inversora que está viviendo nuestra comunidad y que implica a grandes proyectos y también a otros más pequeños pero que posibilitan la consolidación del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo”, ha añadido.
Resto de temas
El Consejo de Gobierno ha confirmado la toma en conocimiento del anteproyecto de Ley Integral del Derechos de las Personas Mayores, además de ordenar el comienzo con los trámites oportunos para la elaboración de la futura normativa. Nace con el propósito de establecer un sistema integral de protección y reconocimiento de los derechos de las personas mayores de Aragón, garantizando su pleno ejercicio y fomentando el envejecimiento activo de las personas mayores.
A ello hay que agregar la potenciación de las capacidades funcionales de las personas mayores en todas las áreas que les afectan, tales como sanidad, servicios sociales, seguridad, vivienda, economía, educación, cultura, deporte, participación social y relación con el entorno, entre otras. Y el impulso de la atención, seguridad y protección que requieren los mayores en la sociedad actual, tan compleja y cambiante, contemplando también la lucha contra el fenómeno de la soledad no deseada.
En materia educativa se ha dado luz verde al VI Plan Aragonés de Formación Profesional, que supone la hoja de ruta para los próximos cuatro años. Se estructura en seis líneas estratégicas que despliegan una treintena de acciones para su desarrollo hasta 2028, poniendo el foco en la actualización y mejora de la FP, el fomento de la FP Dual, el acercamiento al tejido empresarial local, el desarrollo de competencias digitales, el impulso de la formación en habilidades transversales, el fortalecimiento de la orientación profesional, la accesibilidad y la equidad.
Con respecto al Departamento de Sanidad, el Consejo ha autorizado destinar una cuantía de 21,2 millones de euros para contratos destinados a la adquisición de material sanitario. Más concretamente son para el fungible para intervenciones realizadas con cirugía robótica en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (9,5 millones de euros), sensores para monitorización (5,7 millones de euros), agujas para anestesia (2,3 millones de euros) y suministro para el anticuerpo monoclonal frente al Virus Respiratorio Sincitial (3,7 millones de euros).
Con respecto a la universidad, se ha autorizado un gasto plurianual de 6,9 millones de euros para la convocatoria de subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación para el período 2025-2031. Y se ha hecho lo propio con 1 millón de euros para el proyecto UNIVERSA de la Universidad de Zaragoza.
Finalmente, se ha anunciado la prórroga del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza para actividades formativas para adultos; la suscripción de un convenio de colaboración entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte con la Fundación Vodafone para el proyecto “DigiCraft en tu cole”; y la creación de un laboratorio de investigación e innovación en las instalaciones aeroportuarias, a cargo del Instituto Tecnológico de Aragón y el Aeropuerto de Teruel.
