Ante la publicación del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno de Aragón expresa su “sorpresa” por el escaso margen de maniobra para presentar alegaciones a una norma “prevista en el Real Decreto-Ley 7/2026 de marzo de este año y que por tanto era urgente y necesaria. Desde entonces han pasado cinco meses en los que el Gobierno ni ha presentado un proyecto ni ha dialogado con los sectores afectados ni con las administraciones públicas en las que se han comprometido las inversiones”, ha indicado la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle.
Valle ha incidido en el escaso plazo ya que “ahora solo tenemos ocho días para presentar alegaciones a un Real Decreto que cambia radicalmente las reglas del juego y que contradice las propuestas normativas anteriores. Este proyecto es especialmente dañino para la comunidad de Aragón y parece diseñado para hundir el programa de inversiones en nuestro territorio”.
A pesar del escaso plazo, el departamento ya ha mantenido varias reuniones para comenzar a plantear dichas alegaciones antes del 4 de septiembre. Un primer análisis que ha servido para tener clara “la alarmante inseguridad jurídica que va a provocar este real decreto ya que afecta a todos los proyectos en tramitación que tienen que cumplir unos requisitos legales extremos y muy alejados de los iniciales”.
La consejera aragonesa ha querido asimismo rechazar las declaraciones del delegado del Gobierno en Aragón que aseguraban que “la regulación busca que los centros de datos no causen un incremento de la factura de la luz de los aragoneses”. Valle subraya que decir eso “es crear una alarma sobre la base de una falsedad. El Gobierno intenta ocultar su incapacidad para planificar, ejecutar y gestionar la red de transporte lo que ha creado un problema colosal de acceso al sistema eléctrico para cualquier tipo de actividad e incluso a la vivienda. Esto no tiene nada que ver con los precios y sí con dañar el futuro de nuestra comunidad y con destruir una credibilidad que no solo afectará a los Centros de Datos si no a todas las inversiones que puedan querer llegar”.
