El Gobierno de Aragón, por boca de su consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado su rechazo frontal al anteproyecto de ley para la condonación de la deuda autonómica aprobado por el Consejo de Ministros. El consejero ha acusado directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de recurrir a «bulos» y «trápalas» para convencer a las comunidades autónomas de las bondades de la medida.
Según Bermúdez de Castro, las explicaciones de la ministra sobre la posibilidad de que el ahorro en intereses pueda destinarse a gasto social no se corresponden con la realidad. El consejero fue tajante al afirmar que esta promesa es «un bulo», a menos que se modifique la regla de gasto. Su argumento se basa en una explicación técnica: actualmente, el dinero que se destina al pago de intereses no computa en la regla de gasto, pero si ese mismo dinero se liberara y se usara para políticas sociales, sí lo haría. Por lo tanto, si la norma no cambia, el ahorro deberá usarse para amortizar deuda, tal como establece la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el propio anteproyecto del ministerio.
A pesar de que los cálculos del Gobierno central estiman que la medida permitiría a Aragón liberarse de más de 2.000 millones de euros de deuda, el Ejecutivo autonómico mantiene su postura de que esta propuesta no beneficia a la comunidad. El consejero Bermúdez de Castro sostiene que lo que se presenta como una condonación no es tal, sino una redistribución de la deuda que, en última instancia, será asumida por el conjunto de los ciudadanos a través de los Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno de Aragón considera que esta fórmula favorece desproporcionadamente a comunidades con una mayor deuda acumulada, como Cataluña y Andalucía, que serían las principales beneficiadas. En este sentido, Bermúdez de Castro lamentó que los aragoneses acabarán pagando más impuestos para cubrir la deuda de otros territorios, afectando potencialmente a los fondos destinados a políticas sociales como sanidad, educación o dependencia en la propia comunidad.
En lugar de esta condonación parcial, el Gobierno de Aragón insiste en que la solución debe venir de una reforma integral del sistema de financiación autonómica. El consejero ha reiterado que están dispuestos a sentarse en una mesa de negociación con el resto de comunidades y el Gobierno central para abordar este y otros asuntos relacionados con la financiación, defendiendo una solución global y justa para todos los territorios.
