Aragón, convertida en el principal foco de atracción de inversiones tecnológicas de España, se enfrenta a un nuevo obstáculo normativo. El Gobierno central aprobó este martes en Consejo de Ministros tramitar por vía de urgencia un real decreto que endurece drásticamente las exigencias energéticas para los nuevos centros de datos de más de 1 MW. La medida ha chocado frontalmente con el Gobierno autonómico: la consejera de Economía, Eva Valle, ha calificado la maniobra de «arbitraria» y denuncia que el Estado intenta legislar la escasez para camuflar su falta de planificación en la red eléctrica.
Aragón denuncia «inactividad» e improvisación
Desde el Ejecutivo aragonés, Eva Valle ha mostrado su preocupación por una normativa de la que aún desconocen el texto final. La consejera critica que el Ministerio para la Transición Ecológica no haya contactado en los últimos cinco meses con las comunidades afectadas para consensuar la ley.
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Falta de red eléctrica: Valle acusa al Gobierno de España de ser incapaz de planificar a tiempo la red para absorber la demanda de las nuevas inversiones industriales y tecnológicas en la región.
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Riesgo de arbitrariedad: Ante la escasez real de accesos a la red, Aragón teme que el Estado se erija en «árbitro del racionamiento» y aplique criterios discrecionales para decidir qué proyectos avanzan, poniendo en peligro el empleo y la competitividad autonómica.
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Proyectos reales, no fantasmas: Frente a las insinuaciones de Madrid sobre iniciativas puramente especulativas que tensionan la red, Valle ha sido tajante. Todos los proyectos tramitados por Aragón como Declaración de Interés General tienen garantizado el acceso eléctrico, al menos, en su primera fase.
Las nuevas exigencias de Madrid para los centros de datos
El nuevo decreto, derivado del Real Decreto-ley 7/2026 y que ahora pasa a audiencia pública, no afectará a los centros que ya operan, pero establece un marco restrictivo para las instalaciones en construcción o tramitación. El objetivo del Gobierno central es frenar una «avalancha» de proyectos descontrolados vinculados a la inteligencia artificial.
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Consumo 100% adicional: Al menos el 80% del consumo eléctrico de estas plantas deberá provenir de fuentes renovables. Además, por cada nuevo megavatio consumido, la empresa deberá haber instalado un megavatio renovable en los 18 meses previos (mediante autoconsumo o contratos PPA).
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Eficiencia Etiqueta ‘A’: Los nuevos centros de datos deberán lucir la máxima calificación de eficiencia energética e hídrica, adaptándose al etiquetado europeo que entrará en vigor en agosto de 2027.
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Soberanía en la UE: El operador de la infraestructura deberá estar radicado en la Unión Europea. Los datos y registros permanecerán en territorio comunitario, con un control estricto de los accesos desde terceros países.
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Transparencia obligatoria: Los centros de más de 500 kW tendrán que reportar anualmente sus datos de sostenibilidad al Ministerio, y los de más de 1 MW justificarán el cumplimiento del código de conducta europeo.
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Sanciones y plazos: Los proyectos en trámite dispondrán de seis meses para adaptarse (tres meses si esperan concurso de acceso). Incumplir estas normas supondrá la imposición de peajes económicos o la pérdida definitiva de los permisos de conexión a la red.
Noticia elaborada con la colaboración de la IA de Google (Gemini )
