El Consejo de Gobierno ha autorizado al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) la incorporación de diez empleados públicos en su plantilla. Entre sus funciones, estará “la atención del incremento de carga de trabajo derivado de expedientes de especial complejidad, como autorizaciones ambientales integradas, evaluaciones ambientales de proyectos estratégicos y, fundamentalmente, para planes de interés general de Aragón (PIGAS), que son claves para Aragón”, ha explicado la vicepresidenta en funciones y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La vicepresidenta en funciones ha recalcado que “cambiar el modelo del INAGA ha sido un objetivo de este Gobierno, con más recursos, más personal público y más presupuesto, porque del INAGA dependen muchas actividades industriales y empresariales”.
Vaquero ha recordado la estrategia encaminada a digitalizar este año el 95% de los expedientes del INAGA, como avanzó recientemente el consejero en funciones de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco.
Los puestos de trabajo aprobados hoy tendrán carácter temporal, hasta abril de 2028, con posibilidad de prórroga hasta 2029, y permitirán dar respuesta a un volumen creciente de expedientes vinculados a inversiones industriales, energéticas y de infraestructuras. El programa cuenta con una previsión de gasto plurianual de 1,4 millones de euros.
La plantilla del INAGA crece un 33%
“Este nuevo refuerzo se suma a las medidas ya adoptadas en el marco del plan de agilización del INAGA, que ha supuesto el mayor incremento de personal desde la creación del INAGA”, ha informado Vaquero. La plantilla ha pasado ya de 72 a 86 efectivos, con la incorporación de 14 nuevos puestos estructurales, lo que representa un aumento cercano al 19,5%.
Con la suma de estos diez nuevos técnicos, el incremento alcanzará ya los 24 puestos, lo que eleva la plantilla hasta los 96 empleados públicos, y supone un crecimiento acumulado del 33,3% respecto a la situación inicial.
El plan de agilización también ha permitido eliminar prácticamente la dependencia de consultoras externas, con una reducción superior al 99% en los encargos para las evaluaciones de impacto ambiental en apenas tres años y sin recurrir a este recurso en ningún proyecto de energías renovables en los últimos ejercicios.
