El diputado Jorge Pastor denuncia el Gobierno de Azcón aprobó las medidas “sin el consenso de las familias, los centros educativos y el sector librero” y registra una pregunta parlamentaria para saber qué medidas se van a tomar “para garantizar la continuidad” del modelo.
El PSOE pide explicaciones al Gobierno de Jorge Azcón después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón haya anulado el decreto 85/2024 y su posterior decreto de modificación, el 172/2024, con el que regulaba el sistema de banco de libros. Aprobado sin el consenso de las familias, los centros educativos o del sector librero, la decisión “ha generado una evidente preocupación e incertidumbre” ante el comienzo del nuevo curso. En este nuevo “varapalo judicial” el Ejecutivo ha sido, además, condenado a pagar las costas del proceso judicial.
La sentencia judicial responde a un recurso de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza y tumba una normativa que el Gobierno de Jorge Azcón, a juicio del diputado socialista y portavoz en la comisión de Educación en las Cortes de Aragón Jorge Pastor, impuso “a las bravas, sin dialogar ni consensuar con nadie, siguiendo su tradicional forma soberbia de actuar”.
“El Gobierno de Aragón haría muy bien en aprender a dialogar con sinceridad y consensuar , pero van a lo suyo”, ha lamentado Pastor recordando que los bancos de libros empezaron a normalizarse en Aragón a través de las asociaciones de madres y padres, pero fueron institucionalizados durante los gobiernos de Javier Lambán, con el PSOE liderando, y que se hizo “de forma consensuada con familias, centros educativos, librerías o editoriales”.
El Grupo Socialista en las Cortes de Aragón ha registrado ya una pregunta parlamentaria con la que pretenden conocer qué medidas va a adoptar el Gobierno de Aragón para devolver la seguridad jurídica a los centros educativos y a las familias y garantizar la continuidad del banco de libro tras la sentencia.
Jorge Pastor ha señalado que las familias aragonesas “no deben verse perjudicadas” como consecuencia “de la enésima metedura de pata judicial del Gobierno de Azcón”. Ha señalado que las madres y padres de alumnos ”invierten de media 200 euros por niño al año en primaria y unos 400 en secundaria y que el modelo del banco de libros permite un ahorro medio de unos 3.000 euros en las etapas de educación obligatorias.
“Este revés judicial se suma al de la privatización del bachillerato, la de la formación profesional en el Distrito 7 o la judicialización de las altas temperaturas en las aulas”, ha destacado Pastor apuntando que el tema “es muy serio”
