Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y los agentes económicos exigen una mesa permanente para informar sobre las obras en la Alta Velocidad

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• Han suscrito un manifiesto

Los consejeros Octavio López y Eva Valle y los representantes de CEOE, CEPYME Aragón, Cámara de Comercio de Zaragoza, la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, HORECA Restaurantes y el Colegio de Economistas han suscrito pedido hoy al Ministerio de Transoportes y Movilidad Sostenible la creaciòn de una mesa permanente con la presencia de este organismo y Adif y en la que estén representadas las instituciones y el tejido empresarial aragonés. Además, han firmando un manifiesto en el que exigen transparencia, información y diálogo continuo.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico, el Consistorio zaragozano y los principales agentes económicos y empresariales de la Comunidad Autónoma han unido sus voces para disponer de información actualizada con la que poder realizar un seguimiento de las actuaciones en las obras de renovación de la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, de tal forma que se garantice la transparencia y el diálogo con los territorios y sectores afectados.

Las instituciones y entidades firmantes rechazan que el corte total y prolongado de la circulación ferroviaria se contemple como solución ordinaria para ejecutar las obras de renovación de la infraestructura y consideran que solo estaría justificado si el Ministerio y Adif no son capaces de garantizar la total seguridad del servicio mientras se ejecutan las obras. “Una decisión de semejante trascendencia debe estar plenamente justificada por criterios técnicos objetivos y adoptarse únicamente después de analizar todas las alternativas que permitan compatibilizar los trabajos con el mantenimiento del servicio”, ha señalado Octavio López.

El manifiesto advierte de que la línea de Alta Velocidad constituye una infraestructura estratégica para Aragón y para todo el nordeste peninsular, de la que dependen millones de desplazamientos y miles de empresas, por lo que su interrupción prolongada supondría un grave perjuicio para la competitividad, el empleo, la actividad turística, la inversión y las oportunidades de desarrollo económico.

TRES EXIGENCIAS AL MINISTERIO Y A ADIF

El documento plantea tres reivindicaciones fundamentales. La primera, la elaboración de un estudio técnico comparativo, exhaustivo y transparente que analice las alternativas de ejecución, las posibilidades de circulación parcial, la duración de las restricciones y las soluciones de movilidad disponibles.

La segunda, un estudio integral de impacto económico, empresarial, social y territorial que cuantifique las consecuencias de una eventual suspensión prolongada del servicio.

Y la tercera, la constitución de una mesa permanente de seguimiento, con participación de las comunidades autónomas afectadas, los empresarios y los sindicatos, que garantice información continua y diálogo durante la planificación y ejecución de las actuaciones.

A este respecto, el consejero Octavio López ha añadido que “se ha encargado a la Fundación Basilio Paraíso otro informe global que recoja las afecciones a la movilidad y la economía aragonesa en los diferentes escenarios que se puedan plantear con las obras en la Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona”.

Los representantes institucionales que han firmado el documento subrayan en él que la seguridad ferroviaria es una prioridad irrenunciable y que nadie cuestiona la necesidad de modernizar la infraestructura. Sin embargo, insisten en que las obras deben planificarse con responsabilidad, proporcionalidad y el menor perjuicio posible para los ciudadanos y la actividad económica.

Aragón reclama que una infraestructura esencial para su futuro no se vea comprometida por decisiones adoptadas sin información, sin consenso y sin evaluar previamente sus consecuencias.

 

 

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