STEA lleva al TSJA la medida del Gobierno de Azcón y no descarta la huelga, mientras PSOE y CHA denuncian la «asfixia» de la red pública y exigen en las Cortes la paralización inmediata del plan para el próximo curso.
La decisión del Gobierno de Aragón de implantar la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso ha levantado un muro de contención en la comunidad educativa y en la oposición política. Este martes, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA), junto al Partido Socialista y Chunta Aragonesista, han anunciado una batería de medidas judiciales, movilizaciones en las calles e iniciativas parlamentarias para frenar lo que consideran un ataque directo a la educación pública aragonesa.
La vía judicial: STEA acude al TSJA y amenaza con la huelga
El frente sindical lo lidera STEA, que ha confirmado que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ya ha admitido a trámite su primer recurso contencioso-administrativo contra la medida. El sindicato estudia ahora dar un paso más y solicitar la paralización cautelar del proyecto para evitar que entre en vigor el próximo mes de septiembre.
Desde la organización sindical califican la decisión del Ejecutivo de Jorge Azcón de «contraria a la Ley e innecesaria». Como principal argumento, exponen que la red pública aragonesa cuenta actualmente con capacidad para absorber a 2.500 alumnos más en esta etapa no obligatoria. El desajuste es especialmente notable en Zaragoza capital, donde han quedado más de 700 plazas públicas sin cubrir este curso.
Ante esta situación, STEA ha anunciado que se movilizará de todas las formas posibles y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de convocar una huelga, advirtiendo que los nuevos conciertos provocarían una reducción de plantillas en la enseñanza pública.
El PSOE cuestiona la legalidad en un gobierno «en funciones»
En el plano político, el Partido Socialista ha cargado duramente contra los tiempos y las formas del anuncio. El diputado socialista Jorge Pastor ha denunciado que el Gobierno de Azcón se encuentra «en funciones» y con un presupuesto prorrogado, asegurando que «solo sale de su parálisis para recortar servicios públicos».
Para fiscalizar la medida, el grupo parlamentario socialista ha registrado una solicitud en las Cortes exigiendo a la DGA los informes que avalen la «legalidad y oportunidad» de este nuevo convenio. Pastor ha acusado al presidente autonómico de preferir usar los fondos para privatizar la educación en lugar de apostar por propuestas socialistas como la universalización gratuita de la etapa 0-3 años, la adaptación climática de los centros o la gratuidad de los comedores hasta los 16 años.
CHA presenta una PNL y alerta de la desigualdad territorial
Por su parte, el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para frenar lo que calculan serán hasta 65 nuevas unidades concertadas en primero de Bachillerato. Isabel Lasobras, portavoz adjunta de CHA, ha cifrado en unas 2.000 las plazas públicas libres en Aragón, coincidiendo con STEA en lo injustificado de destinar fondos a centros privados cuando la demanda está cubierta por lo público.
Lasobras ha puesto el acento en el medio rural, advirtiendo que la concertación incrementará las desigualdades territoriales y sociales: «Beneficiará principalmente a centros privados de grandes ciudades, mientras que el alumnado del medio rural sigue enfrentando desplazamientos para continuar sus estudios».
En su iniciativa parlamentaria, CHA no solo pide descartar los conciertos en Bachillerato, sino que también exige renunciar a la concertación del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y evitar la externalización de la Formación Profesional (FP).
Una exigencia común: invertir en lo público
A pesar de actuar desde diferentes frentes, STEA, PSOE y CHA coinciden en su reclamación principal al Departamento de Educación: el presupuesto destinado a financiar plazas privadas debe redirigirse a fortalecer la red pública.
Los tres actores exigen a la DGA que utilice esos fondos para mejorar y modernizar las infraestructuras, reducir las ratios en las aulas, estabilizar a los profesores interinos y mejorar las condiciones laborales del personal docente, garantizando así la igualdad de oportunidades sin importar el nivel de renta o el código postal de las familias aragonesas.
