Según datos que el Gobierno de España ha filtrado a la Cadena SER ,el Gobierno prevé reubicar en Aragón un total de 251 menores migrantes, de los aproximadamente tres mil que se proyecta repartir en todo el país. Aportaría una dotación de 3,6 millones de euros.
A nivel nacional, el Ejecutivo planea distribuir estos menores no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia este viernes.
Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia del gobierno de Aragón nos envían una nota en la que nos dicen que:
Tal y como el Gobierno de Aragón ha denunciado desde finales de noviembre de 2023, los recursos de acogida y protección de menores de la Comunidad están saturados, lo que concurre con un déficit de profesionales y con un goteo constante de menores extranjeros que ingresan en el sistema de protección autonómico, a los que se suman los que llegan camuflados entre los adultos dentro de los programas de protección internacional y acogida humanitaria que dependen del Gobierno de España.
Vistos estos hechos y acreditada la situación de saturación y de falta de medios y profesionales, la posibilidad de que Aragón pueda acoger 251 menores es inviable y desde luego tampoco sería posible hacerlo con un presupuesto de 3,6 millones de euros.
Esta filtración interesada de documentación, previa a la Comisión en la que se ha de fijar el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, es una maniobra política para tapar los escándalos de Pedro Sánchez que no tiene en cuenta el interés superior del menor y que vuelve a poner de manifiesto que el Gobierno central es incapaz de gestionar las políticas migratorias y de organizar la atención y acogida de extranjeros, ni de los adultos ni de los menores de edad.
Por último, Aragón -así como otras CCAA- tiene recurrido en el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley mediante el que el Gobierno de España impone los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados que permanecen en Canarias y al amparo de los cuales se está planteando la distribución de todos ellos a la Península.
El RDL, a juicio del Gobierno de Aragón, fue redactado conforme a razones políticas totalmente ajenas al interés superior del menor, vulnera competencias autonómicas y además quiebra los principios de igualdad y solidaridad entre CCAA.
